Esa separación queda diluida , aguada , cada vez que los poderes constitucionales- principalmente los órganos parlamentarios - , con sus actuaciones , violan la Constitución modificándola - dirécta o indiréctamente - sin respetar los procedimientos de reforma contenidos en la propia Constitución : pensemos en las pasadorecientes reformas y el procedimiento para llevarlas a término
El T.C. está plénamente legitimado para ejercer susfunción de controlador de las leyes ( centrales y autonómicas ) garantizando , así , el equilibrio de poder vertical y horizontalmente ejercido .
Estamos asistiendo a un , efectivo , proceso de aniquilamiento del T.C. : durante mucho tiempo , el T.Constitucional , tenía "autoridad constitucional y neutralidad política " - condición indispensable para cumplir sus cometidos - pero la actitud política de "zarpa a la greña " en la que se han enzarzado los partidos políticos ( más interesados en la defensa de lo suyo que en otra cosa ) ha afectado grávemente a un Organo que debería ser " árbitro jurídico" en las disputas políticas pero que, por su ytorticera utilización , da la sensación de que se conduce por "lealtades de partido " al enfangarse en el lodazal de la política de corto vuelo . Eso ha destruido su prestigio porque se percibe en su actuación que carece de sentido de Estado .
Los partidos políticos , hegemónicos o no , están obsesionados con el control del T.C. y éste colabora con ellos entrando a todos los trapos que se le ponen delante y enfangándose en la lucha partidista .
Véase , al efecto , todo el akelarre que supuso / supone el Estatut de Catalunya : de aquello / esto , el T.C. ha salido tocado y va perdiendo , a pasos de gigante , todo el prestigio que tiene ante los ciudadanos . Y no solo por la actuación de los partidos políticos , que él mismo ha contribuido a ese desprestigio al hacer dejación de las funciones que le atribuye la Constitución y metiéndose en camisa de once varas
No es posible que funcione un sistema de justícia - y menos en lo constitucional - donde las facciones políticas , en Cortes autonómicas o Generales , se empecinan en continuar sus guerras trasladándolas al ámbito de la jurisdicción constitucional
El recurso de inconstitucionalidad , en abstracto y en su momento , se estableció para defender a las minorías y su derecho a discutir las interpretaciones constitucionales de las mayorías .
Pero , eso , es arma de doble filo en manos de los perdedores en las discusiones parlamentarias , en los procesos legislativos , pues lo han convertido , al recurso , en "otra forma de hacer política " utilizando al T.C. con una finalidad muy distinta para lo que fue creado .
Existe una sentencia latina , muy utilizada en derecho , que reza " rebus sic stantibus o quien pacta queda obligado .... pero en el sistema político español sería más gráfico traducirlo como "te di : ¡ dame ! " o como " quien recibe , queda obligado a dar " : el proceso de designación de los magistrados asignados al T.C. , por parte de las Cortes Generales , y del C.G.P.J. - ya hablamos de ello - debería desarrollarse de forma tal que se asegure , incentivándola , su independencia frente a las facciones políticas para que no los utilicen , dirécta o indiréctamente , desde las Cortes .
Lejos de ello ,el sistema actual de "cuotas " ha venido siendo potenciado de tal forma que se viene utilizando para la provisión de vacantes en multitud de órganos y organismos ( T.C. , CGPJ., .Tribunal de Cuentas , ... ) y en forma tan descarada , que la ciudadanía ha llegado al convencimiento de que TODOS esos órganos y organísmos están en manos de los políticos de turno y al servicio de sus intereses particulares - personales y de partido -
¿ Quien vigila al vigilante ? . Estando las cosas como están , la decisión de Juan Palomo en un contexto político donde una mano lava a la otra y , entre las dos , la cara ....de cemento armado
Continúa ...
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